El aniversario del 23F no debería ser solo una fecha para recordar un episodio decisivo de la historia reciente de España. Debería servir también para hacer una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una democracia madura permitirse mantener en la sombra durante décadas información clave sobre hechos que marcaron su propio rumbo institucional?

La reciente desclasificación de la documentación relacionada con el 23F es, sin duda, un paso en la buena dirección. Llega tarde, pero llega. Y eso ya es significativo. Porque no hablamos de una cuestión menor, ni de una simple curiosidad histórica. Hablamos de la relación entre el poder, la verdad y la rendición de cuentas.

El problema no es solo el 23F

Reducir este debate al intento de golpe de Estado de 1981 sería quedarse en la superficie. El verdadero problema es más profundo: España ha convivido demasiado tiempo con una cultura del secreto excesiva, sostenida por una normativa nacida en otro contexto político, con una mentalidad más orientada a proteger al poder que a garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer lo sucedido cuando el interés público lo exige.

Ese modelo produce una consecuencia clara: la opacidad deja de ser una excepción y se convierte en costumbre.

Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita. No de golpe. No siempre con escándalo. A veces se debilita lentamente, por erosión. Porque el ciudadano percibe que hay zonas vedadas, asuntos intocables, expedientes imposibles y decisiones que nunca llegan a explicarse del todo.

El secreto prolongado genera incentivos perversos

Aquí está el núcleo del asunto. La falta de transparencia no solo impide conocer el pasado. También afecta al presente y condiciona el futuro.

Cuando quienes gobiernan saben que determinadas actuaciones pueden quedar ocultas durante décadas, o depender de la discrecionalidad del Gobierno de turno para salir a la luz, el sistema envía un mensaje peligroso: el coste de ocultar puede ser menor que el coste de explicar.

Ese desequilibrio alimenta malas prácticas.

No hace falta afirmar que todo secreto encubre corrupción para comprender algo más básico: la ausencia de un horizonte razonable de rendición de cuentas favorece el abuso. Si la responsabilidad política, administrativa o moral puede diluirse con el paso del tiempo, aumenta la tentación de actuar sin verdadero temor a las consecuencias.

La transparencia, por tanto, no es un adorno institucional. Es una forma de disciplina del poder.

Una democracia fuerte no teme revisar su historia

Hay quien piensa que abrir archivos sensibles debilita al Estado, erosiona instituciones o reabre heridas. Ese argumento, aunque frecuente, es intelectualmente débil.

Una democracia sólida no se protege escondiendo información indefinidamente. Se protege demostrando que dispone de mecanismos para revisar sus propios errores, exponer responsabilidades y aprender de sus zonas oscuras.

De hecho, ocurre lo contrario de lo que a veces se dice: cuanta más opacidad estructural existe, más sospecha se instala en la sociedad. Y cuando la sospecha sustituye a la información, florecen la especulación, la desconfianza y el deterioro institucional.

La transparencia no garantiza por sí sola la verdad completa. Pero sin transparencia, la verdad ni siquiera puede empezar a construirse con rigor.

Hace falta una ley acorde al siglo XXI

La desclasificación del 23F debe interpretarse como un avance, sí, pero también como una advertencia: no puede depender todo de decisiones puntuales o coyunturales. No es serio que un país funcione a base de excepciones cuando lo que necesita son reglas estables.

España necesita una legislación moderna sobre información clasificada. Una ley clara, democrática y proporcionada. Una ley que proteja lo que realmente deba protegerse por razones de seguridad nacional, pero que al mismo tiempo impida que el secreto se convierta en refugio permanente del poder político o burocrático.

El principio debería ser sencillo: clasificar debe ser excepcional; desclasificar, inevitable cuando el tiempo y el interés público lo justifican.

No se trata de eliminar toda reserva. Se trata de impedir que la reserva sea indefinida, arbitraria o funcional al encubrimiento.

Transparencia para prevenir, no solo para recordar

El error de muchos debates públicos es tratar la desclasificación como si solo sirviera para mirar hacia atrás. No es así.

La transparencia sirve también para prevenir.

Sirve para que quienes hoy toman decisiones sepan que mañana podrán ser examinadas. Sirve para elevar el nivel de responsabilidad. Sirve para reducir la impunidad diferida. Sirve, en definitiva, para que el poder opere con una conciencia más clara de sus límites.

Y eso tiene un efecto directo sobre la calidad institucional.

Un sistema donde todo se sabe demasiado tarde es un sistema que incentiva la irresponsabilidad. Un sistema donde existe la certeza de que los actos públicos acabarán siendo conocidos en plazos razonables es un sistema más exigente con sus dirigentes.

El reto real: pasar del gesto al modelo

La cuestión, por tanto, ya no es solo celebrar que se desclasifiquen los documentos del 23F. La cuestión es decidir si queremos que este movimiento sea un gesto aislado o el inicio de una transformación más seria.

Si se queda en una decisión simbólica, el problema estructural seguirá intacto.

Si se convierte en precedente, entonces estaremos hablando de algo mucho más relevante: de una democracia que empieza a comprender que la transparencia no es una amenaza para el Estado, sino una garantía frente a sus posibles abusos.

Porque el poder que no teme ser examinado suele gobernar mejor.
Y el poder que se acostumbra a esconderse acaba deformándose.

España no necesita secretos eternos. Necesita instituciones fuertes, reglas modernas y una cultura política que entienda algo elemental: la opacidad prolongada no protege la democracia; protege, muchas veces, a quienes pueden dañarla desde dentro.

Por eso desclasificar el 23F es correcto.
Pero no es suficiente.

Lo verdaderamente importante es construir un sistema en el que ningún episodio de interés público tenga que esperar medio siglo para empezar a conocerse.

Porque una democracia adulta no solo se mide por cómo vota.
También se mide por cuánto tarda en atreverse a saber.