El caso Begoña Gómez y el riesgo sistémico para el Estado de derecho

Una democracia no se mide solo por sus leyes, sino por cómo se aplican cuando el clima social está polarizado. El debate alrededor de la investigación judicial sobre Begoña Gómez se ha convertido en algo más grande que un caso: para mucha gente, el patrón transmite una idea inquietante. No “se investiga para esclarecer”, sino “se insiste hasta que algo encaje”. Aunque esa percepción no sea una prueba de nada, sí es un problema político-institucional serio: la justicia no solo debe ser legal; debe parecer justicia. Porque si la instrucción se vive como castigo sin sentencia, el Estado de derecho se degrada desde dentro.

Investigar no es condenar, pero puede castigar.
En la práctica, un proceso prolongado puede producir una “pena” previa: desgaste, daño reputacional, presión psicológica, señalamiento público y una sospecha que se vuelve permanente. Si el sistema tolera investigaciones que se perciben como interminables o expansivas sin resultados claros, el mensaje social es devastador: nadie está a salvo de ser elegido como objetivo.

Tres señales de alarma (cuando la ciudadanía deja de confiar)

  1. Elasticidad infinita del caso
    Cuando una causa parece abrir nuevas líneas una y otra vez, el ciudadano interpreta que no hay un objeto acotado, sino una búsqueda abierta.
  2. Repetición de diligencias fallidas
    No es solo “que se investigue”; es la sensación de insistencia pese a tropiezos o falta de avances sustantivos.
  3. Presunción social invertida
    Legalmente existe presunción de inocencia. Socialmente, a menudo se instala lo contrario: “algo habrá”. Ese es el veneno: convierte el procedimiento en condena anticipada.

Lo que muchos no quieren decir en voz alta

Pregunta —“¿a quién beneficia mantener abierta eternamente una causa?”— no necesita conspiraciones para ser relevante. En un ecosistema político-mediático, una causa viva produce beneficios narrativos:

  • Titulares recurrentes aunque no haya hechos decisivos.
  • Sospecha permanente (la sospecha es rentable).
  • Polarización útil (cada bando refuerza a los suyos).

Resultado: la justicia se percibe como arena de desgaste, y eso erosiona la legitimidad de todos, incluso de quienes actúan correctamente.

La prueba definitiva de una democracia adulta

No es “proteger a políticos”. Es proteger un principio:
la instrucción debe ser proporcional, motivada, acotada y controlable.
Porque el poder penal del Estado es demasiado fuerte para permitir que se convierta —aunque sea por acumulación— en un mecanismo de castigo sin sentencia.

Recuadro: Qué debería exigir cualquier ciudadano (sin bandos)

1) Proporcionalidad y motivación clara
Cada diligencia debe explicar qué busca y por qué es necesaria.

2) Objeto procesal acotado
Un procedimiento que se expande sin límites se vuelve indistinguible de una “pesca de indicios”.

3) Control efectivo por instancias superiores
La revisión existe, pero el sistema debe evitar que el daño reputacional sea irreversible cuando al final no hay caso.

4) Responsabilidad institucional
Si se producen excesos o mala praxis, debe haber consecuencias internas. Si no, el incentivo perverso se perpetúa.

El daño mayor no es a una persona. Es al suelo común que sostiene la convivencia: la confianza en que la justicia no persigue, sino que esclarece. Si la ciudadanía concluye que un proceso puede convertirse en castigo, lo que se rompe no es un caso: es la idea misma de seguridad jurídica.