La pregunta incómoda no es si una democracia puede “equivocarse”. La pregunta es si puede parirse a sí misma una forma de poder que, sin necesidad de tanques, vaya vaciando el sistema desde dentro: debilitando contrapesos, degradando la conversación pública, castigando la disidencia y normalizando la intimidación.
La respuesta es sí. Y el caso de Donald Trump en Estados Unidos es un laboratorio contemporáneo de esa deriva: no porque “un líder sea polémico”, sino porque se observa un patrón repetido —y previsible— de personalización del Estado, hostilidad hacia los límites institucionales y uso sistemático de la polarización como herramienta de gobierno.
La tesis central es simple: cuando el poder necesita enemigos permanentes para sostenerse, la democracia deja de ser un marco y pasa a ser un obstáculo. Y en ese punto, la erosión no es un accidente: es el método.
La ilusión de la legitimidad total
Ganar unas elecciones no otorga carta blanca para reconfigurar reglas, instituciones y garantías como si fueran propiedad del vencedor. En una democracia madura, el mandato es limitado y condicionado: por la Constitución, por los tribunales, por el legislativo, por la prensa, por la sociedad civil.
Cuando un liderazgo convierte la oposición en “enemigos del pueblo”, las críticas en “traición” y la discrepancia en “castigo”, lo que está haciendo no es política dura: está redefiniendo quién merece derechos plenos. Y eso, históricamente, es el primer peldaño hacia un régimen iliberal.
Los frenos empiezan a actuar, pero llegan tarde
La buena noticia —si se puede llamar así— es que los contrapesos existen y, en algunos casos, están respondiendo.
Un ejemplo reciente: una jueza federal en Washington, D.C. bloqueó partes clave de una orden ejecutiva de 2025 relacionada con requisitos de ciudadanía en el registro de votantes, señalando límites constitucionales a que el presidente altere unilateralmente procedimientos electorales.
Esto importa por dos razones:
- Demuestra que el sistema todavía tiene reflejos.
- Demuestra que el intento existió. Y aquí está la clave: cuando un gobierno empuja repetidamente hasta que algo “aguanta”, el objetivo real no es la medida concreta, sino medir la resistencia institucional y entrenar a su base para ver a jueces y árbitros como “enemigos”.
En paralelo, el propio ecosistema político se radicaliza: en enero de 2026, el senador Lindsey Graham retuvo un acuerdo de financiación para forzar votaciones relacionadas con la investigación del 6 de enero y con “sanctuary cities”, señal de cómo ciertos temas se usan como palancas de presión y de movilización partidista.
La política exterior del castigo: pagarás si no obedeces
El patrón se traslada al exterior con una lógica similar: tarifas, amenazas y humillación pública como táctica. Esto no es “negociación dura” en sentido clásico; es una forma de diplomacia que convierte las relaciones internacionales en un juego de sumisión.
Las consecuencias ya se ven:
- Tensiones y renegociaciones constantes con aliados estratégicos, como muestra el pulso comercial con Corea del Sur ante anuncios de subidas arancelarias.
- Un escenario global que se reordena para reducir dependencia del mercado y de la imprevisibilidad estadounidense: Reuters ha descrito cómo “potencias intermedias” y otros actores están “de-risking” respecto a EE. UU. y buscando alternativas.
Y el síntoma más revelador: acuerdos comerciales de gran escala que se aceleran al margen de Washington. Un caso destacado en enero de 2026 es el acuerdo UE–India, interpretado por múltiples análisis como una respuesta estratégica a un contexto de aranceles y fricción geopolítica.
Aquí hay una regla que no falla: cuando tratas a aliados como vasallos, los empujas a buscar otros centros de gravedad.
La cuestión del enriquecimiento: cuando la sospecha se vuelve estructura
En sistemas sanos, el conflicto de interés no es un detalle moral: es un riesgo de Estado. Por eso existen organismos de ética y cortafuegos institucionales.
En febrero de 2025, el director de la Office of Government Ethics fue removido, según informó el propio organismo en su web oficial.
Ese tipo de movimientos no prueban por sí solos corrupción, pero sí debilitan los mecanismos diseñados para prevenirla.
A la vez, medios han documentado preocupaciones crecientes sobre beneficios y oportunidades económicas vinculadas al entorno Trump durante su segundo mandato, alimentando el debate sobre conflictos de interés y “pay-to-play”.
Este punto es crucial si se quiere mantener rigor: no hace falta afirmar delitos para señalar un problema sistémico. Basta con esto: cuando el poder ejecutivo reduce controles éticos y el círculo familiar mantiene incentivos económicos activos, el riesgo de captura del Estado por intereses privados aumenta.
¿Qué ocurre con los seguidores cuando el edificio se agrieta?
La parte más trágica de los procesos iliberales es que arrastran a miles —o millones— a una apuesta moral de alto coste: justifican abusos “por el bien del bando”. Y cuando el ciclo se rompe, quedan expuestos.
El ejemplo del 6 de enero sigue siendo un punto de inflexión histórico: no solo por el evento, sino por sus réplicas políticas, legales y culturales. Reuters ha reportado dinámicas de hostigamiento y búsqueda de represalias contra fiscales vinculados a esos casos, lo que ilustra cómo la radicalización no desaparece sola: se reubica.
Cuando una comunidad política se construye sobre la idea de que “todo vale si gana el nuestro”, la caída del líder no deja un vacío: deja una resaca de responsabilidad.
Lo que se está subestimando: el daño de segunda capa
El error de análisis más común es creer que el problema termina con el líder. No. El daño real tiene segunda capa:
- Instituciones debilitadas (por desgaste, descrédito o miedo).
- Normas sociales rotas (lo que antes era impensable, se vuelve “una opinión más”).
- Incentivos perversos (otros políticos aprenden que la agresión y la mentira movilizan y funcionan).
- Alianzas reconfiguradas (el mundo aprende a operar sin ti… y ya no vuelve atrás del todo).
Reuters ya apuntaba que las olas arancelarias y su reacción global han reordenado el comercio y seguirán marcando 2026.
Cierre editorial
Si algo está quedando claro es esto: la democracia no muere de golpe; muere por habituación. Se acostumbra a la intimidación, se normaliza el desprecio, se relativizan los límites, se aplaude el castigo.
El “principio del fin” no es una fecha ni un titular. Es el momento en que una sociedad acepta que el poder no tenga freno, siempre que lo ejerza “de los míos”. Y ahí, el precio siempre llega: dentro, como conflicto; fuera, como pérdida de influencia; y después, como vergüenza histórica.